Denuncian persecución contra la medica de Tartagal

SALTA 03 de septiembre de 2021
La Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir repudió la persecución a la profesional medica de la localidad de Tartagal por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
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El comunicado dice que se procedió desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE.

Repudiamos los agravios vertidos hacia nuestra compañera por la concejala de Salvador Mazza Claudia Subelza (además empleada de la Secretaría de Niñez y familia de Tartagal y quien se anotara para ser beneficiaria del IFE previsto para quienes menos tienen). Su comunicación con la prensa está llena de falacias con el único objeto de amedrentar a les profesionales que garantizan derechos sexuales y (no) reproductivos y tergiversar el acceso a la información veraz y oportuna de la población en general para lo cual no se ha privado de exponer los datos personales de la joven que solicitó el acceso a una ILE. Repudiamos la exposición mediática a la que fue sometida la paciente por la concejala.

Rechazamos a la justicia patriarcal encarnada por el fiscal Gonzalo Ariel Vega quien ha mostrado su parcialidad en un texto poco serio publicado en el Ministerio Público Fiscal. En el mismo se le solicita a una Jueza que detenga a una médica denunciada por familiares y no por la paciente, quien es la única con potestad de denunciar el tipo de delito del que se habla. Es desopilante que a su vez se solicite directamente la detención y no la investigación primero. Aclaramos que no existe al momento de escribir este artículo ninguna denuncia penal que haya tenido cauce. ¿Cómo podremos explicar tamaña torpeza y error jurídico? No se equivocan, hay intencionalidad. No solamente de les militantes antiderechos de siempre.

El abogado patrocinante de los denunciantes, Andrés Rambert Ríos, es el mismo que defiende al médico Marcelo Cornejo. Marcelo Cornejo se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, siendo nuestra compañera la que lo denunció de oficio. Cornejo continúa trabajando a pesar de la imputación en dicha causa y a pesar de que ese caso de abuso y otro más con el mismo modus operandi, se expusieron en una carta administrativa a las autoridades correspondientes. En dicha carta, 4 profesionales del hospital, entre las que se encuentra nuestra compañera, dieron voz a las mujeres violentadas por el ginecólogo.

Este abogado, Andrés Rambert Ríos, en medios públicos declaró que "para solicitar ILE se le debe pedir al juez de garantías autorización" desconociendo las normas vigentes (Ley 27610 y fallo FAL). A su vez solicita en los medios la detención de nuestra compañera.

Aclaramos, además, que ningún juez dió lugar a las presentaciones de los familiares ya que por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia. Por lo tanto, el fiscal y el abogado defensor no hacen más que fogonear a la opinión pública en contra de un procedimiento respaldado por la ley.

Repudiamos también a la prensa amarillista que dió lugar a quienes intentan manipular la información con el solo objeto de dar protagonismo a grupos antiderechos y a tener más audiencia, cuando en el medio hay una paciente expuesta y una médica injustamente acusada.

Reconocemos y abrazamos a nuestra compañera que desde su lugar de médica y desde el compromiso diario hace de la salud pública un medio para achicar brechas e incluir a les excluídes, siempre desde el derecho y con los mejores estándares en la calidad de atención.

Hoy desde la Red gritamos: SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODES!

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