Condenaron a un empleado que liquidaba mal el sueldo de docentes

SALTA 25 de agosto de 2021
Se trata de Marcelo Nicolás González (35) quien fue sentenciado a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas por resultar autor del delito de fraude a la administración pública.
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La jueza Paola Marocco, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, dispuso que el condenado continúe en libertad por la modalidad de la condena dictada.

González cumplía funciones como técnico liquidador de sueldos en el área correspondiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.

A partir de un reporte solicitado a la Dirección General de Informática sobre los registros de liquidaciones realizados mediante operación manual del sistema a cargo de Marcelo Nicolás González, se detectaron importes que no coincidían con la grilla salarial vigente ni con la situación de revista de los docentes a quienes se destinó el pago. Las liquidaciones irregulares se efectuaron entre 2014 y 2015.

La irregularidad salió a la luz a partir de una consulta realizada por la coordinadora de los Institutos de Idiomas de Salta.  La denuncia contra González fue presentada por el ministro de Educación.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos había elevado la causa a juicio luego de realizar una investigación que permitió comprobar que el hombre -que se desempeñaba como técnico liquidador de sueldos del Ministerio de Educación desde el año 2011 y hasta mayo de 2015- había liquidado sueldos de personal docente con excedentes.

Durante el juicio, la Fiscalía pudo demostrar que González liquidó manualmente importes que no correspondían con la grilla salarial ni con la condición de revista de algunos docentes, quedando descartada toda posibilidad de un error del sistema.

Algunas personas, al advertir la diferencia, se habían comunicado con González para devolver la diferencia. Según denunció una de las docentes, el condenado le informó que “había sido depositado en su sueldo un monto de aproximadamente $ 8.000 del que tenía que entregarle a él $ 6.000 y quedarse ella con el resto”. Ante ello, la mujer denunció las irregularidades ante la Coordinadora del Instituto de Idiomas, lo que permitió descubrir el delito.

La jueza hizo lugar además a la demanda civil presentada y condenó a González a pagar al Estado provincial la suma de 22.500 pesos en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes.

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